lunes, 9 de abril de 2012

Propuestas al Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

El pasado martes 3 de abril presenté mis propuestas al Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Hay que destacar principalmente varios problemas que deben ser solventados si se quiere que esta ley sea una verdadera herramienta para la transparencia y el buen gobierno.

Aquí tenéis el link al documento completo con las propuestas.

Como resumen podría decir que en lo relativo al derecho de acceso a la información pública se ha optado por una interpretación muy restrictiva de la Convención de Acceso a Documentos Oficiales del Consejo de Europa así como de las corrientes actuales de desarrollo e implementación de este derecho a nivel internacional. Con este texto se está a punto de perder una excelente oportunidad para colocar a España entre los países más avanzados en lo relativo a transparencia y acceso a la información pública. El incremento de los límites a este derecho más allá de la normativa ya existente o el hecho de que no se establezcan mecanismos para sopesar cada límite en cada momento dado en virtud de la existencia de un interés general superior en conocer la información solicitada, dejan entrever un desinterés en la regulación abierta y extensiva de este derecho. Es necesario que se tengan en cuenta estos extremos a la hora de acoger las propuestas al anteproyecto si no se quiere frustrar las esperanzas de tantos ciudadanos que celebraban la llegada de una verdadera ley de transparencia en nuestro país.

Los principales puntos, que no todos, que deben ser modificados en lo relativo al derecho de acceso a la información pública son los siguientes:


· La definición de información pública es limitante e incluye una lista inaceptable de materias a las que se excluye completamente el acceso (como a seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios). La información pública es la que obra en poder de cualquiera de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título sin que la materia a la que ataña deba influir en su calificación de información pública.

· Los límites y excepciones al derecho de acceso a la información del artículo 10 y 11 del anteproyecto exceden en mucho los que actualmente se hayan recogidos en nuestra normativa actual.

La aprobación de una ley en donde se recoja el derecho de acceso a la información no debe suponer la introducción de nuevos límites al derecho de acceso inexistentes hasta ahora en nuestra legislación, independientemente de que algunos de ellos se encuentren recogidos en la Convención de Acceso a Documentos Oficiales del Consejo de Europa de fecha 27 de noviembre de 2008. En el artículo 37 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común no se hallaban recogidos ni los intereses económicos y comerciales, ni la garantía de la confidencialidad en procesos de toma de decisión, ni la propiedad intelectual ni el secreto profesional. Además alguno de esos límites carecen de la concreción necesaria. Así, cuando se habla de los “intereses económicos y comerciales” ¿a qué se refiere el texto exactamente? Intereses ¿de quién? ¿de la Administración, de terceros?

No deben incluirse nuevos límites al acceso que no existían con anterioridad. La suma de las materias incluídas en el artículo 9 y en el artículo 10.1 junto con las excepciones del artículo 11 da un número mucho mayor de excepciones al acceso que las que se indicaban anteriormente en el artículo 37.5 de la LRJAAPP y PAC.

· No se incluye la prueba de interés público o interés general existente en la mayoría de los países de nuestro entorno y a la que hace referencia el artículo 3.2 de la Convención de Acceso a Documentos Oficiales del Consejo de Europa. Dicho artículo señala que el acceso a la información se denegará si la entrega de la misma supusiera un daño para cualquiera de los intereses protegidos mediante los límites al acceso, a menos que exista un interés público superior en que la sociedad en general tenga conocimiento de dicha información.

Tal y como están redactados los límites al acceso a la información en el anteproyecto éstos parecen actuar como excepciones absolutas que podrían suponer la justificación de la no entrega de la información en todo momento. Debe recogerse un apartado en este artículo en el que se estipule que en el supuesto de que exista un interés público superior en el conocimiento de esa materia a pesar del posible perjuicio que a alguno de los intereses protegidos que actúan como límites se pueda producir, la información debería ser entregada. La entidad en cuestión debe llevar a cabo la prueba del interés general con el fin de determinar si entrega la información o no. La mera posibilidad de que el acceso a la información pueda suponer un perjuicio no puede ser óbice para que el acceso sea garantizado cuando exista un interés general superior. Además debe indicarse el tiempo por el que estos límites pueden aplicarse, ya que los mismos no pueden actuar de forma indefinida.

Además, como señala el artículo 3.3 de la Convención a la que hemos aludido el Gobierno debe incluir un límite temporal a dichas excepciones de modo que la imposibilidad de acceso no se perpetúe en el tiempo.

·El régimen de recursos y reclamaciones frente a las resoluciones dictadas ante solicitudes de acceso a la información explicado en los artículos 20 y 21 del anteproyecto introduce confusión y ambigüedad sobre el procedimiento a seguir y la efectividad del mismo y debe rehacerse en su totalidad. 

Se dejan coexistir de manera simultánea el recurso administrativo y la reclamación ante la Agencia Estatal de Transparencia sin establecer el orden y los plazos a respetar para la posible interposición de recurso administrativo o contencioso-administrativo. No se indica si la interposición de la reclamación ante la Agencia Estatal de Transparencia suspende el plazo de interposición del recurso administrativo y contencioso-administrativo o no. Por lo tanto, puede darse el caso de que un ciudadano presente la reclamación ante la Agencia y espere a su resolución sin interponer recurso contencioso-administrativo y cuando la reclamación se resuelva de forma desestimatoria ya no pueda interponer recurso contencioso-administrativo porque habrá transcurrido el plazo para hacerlo. No se especifica nada en el anteproyecto que permita la resolución de este posible problema. 

Tampoco se señala el valor vinculante o no de la resolución de la Agencia Estatal de Transparencia para el órgano en cuestión. ¿Estará obligado el órgano a entregar la información si la Agencia así lo considera oportuno? Además, del texto se deduce que pueden coexistir en el tiempo el recurso administrativo y la reclamación y no se solventa la posible contradicción entre las resoluciones que resuelvan ambos. ¿Cuál prevalecerá en estos supuestos? 

Debe rehacerse estos dos artículos por completo, teniendo en cuenta lo anterior, indicando en qué orden deberán interponerse los recursos administrativo, contencioso-administrativo y la reclamación ante la Agencia Estatal de Transparencia con el fin de preservar el principio de seguridad jurídica y evitar la indefensión del ciudadano.

· El plazo para contestar las solicitudes de información es excesivo: La Convención de acceso a documentos oficiales del Consejo de Europa establece en su artículo 5.4 que las solicitudes de información deberán ser tramitadas “promptly” que significa “sin demora”. El plazo de un mes que establece el anteproyecto es un plazo excesivo y no responde a la celeridad que la Convención exige en la tramitación de una solicitud. El plazo no debería ser superior a 15 días.

Una buena definición de información pública, unos límites sensatos y reducidos al derecho de acceso a la información pública, unos plazos razonables para la contestación de solicitudes de información y un adecuado y claro sistema de recursos frente a las resoluciones dictadas ante solicitudes de acceso son elementos clave para una buena regulación de este derecho en nuestro país, que, sin embargo, resultan fallidas en el texto de este anteproyecto. Esperemos que en las siguientes fases se subsanen todas estas deficiencias.

Hay muchos más puntos a modificar incluidos en el documento de propuestas que he presentado. Os invito a que los leáis y los comentéis.

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